¿La violencia penal contra las mujeres “fuera” de las prisiones es violencia de género?

En Ecuador, muchas mujeres, especialmente las excluidas por factores como la pobreza, el racismo y los prejuicios de género, han sido históricamente privadas de los recursos necesarios para vivir con dignidad. En gran medida, el estado ha provocado la vigilancia y persecución de las mujeres más precarizadas, criminalizando y castigando sus esfuerzos de supervivencia, por ejemplo, cuando ingresan a la economía informal y se reprimen sus actividades de comercio autónomo en las calles (Mujeres de Frente, 2021), o cuando se ven obligadas a ingresar a la economía ilegalizada para sobrevivir y se las criminaliza (Aguirre Salas et al., 2020; Coba Mejía, 2015). Esta desposesión violenta ha sido sufrida más intensamente por las mujeres y las niñas indígenas, afrodescendientes y rurales, quienes con frecuencia son desplazadas de sus territorios de origen hacia entornos urbanos opresivos y hostiles.

La mayoría de las mujeres encarceladas en Ecuador lo están por delitos no violentos de pobreza y supervivencia, como los de menor cuantía contra la propiedad y los de microtráfico (Fleetwood, 2014; Torres Angarita, 2007). Cuando ellas son encerradas, no se toman en cuenta sus vínculos familiares y comunitarios. Generalmente son las mujeres quienes están a cargo, sin ayuda ni soporte estatal, de sus hijas e hijos, de las personas ancianas, de las personas viviendo con enfermedades y discapacidades, y otras que necesitan cuidados. Este trabajo suele ser impago y se suma a las horas laborales remuneradas, creando dobles y triples jornadas de trabajo (Tapia Tapia et al., 2023). Cuando las mujeres son encarceladas, también es frecuente que sus criaturas sean encerradas con ellas y que luego de cierta edad se produzca una abrupta separación. Adicionalmente, los procedimientos, o más bien, “laberintos” penales, no se compadecen con la situación económica precaria de muchas mujeres, por el contrario, se trata de procesos que persiguen selectivamente a las personas que no pueden costear asesoría legal, siendo las mujeres blanco fácil del aparato punitivo, mientras los grandes poderes criminales no son responsabilizados.

Evidentemente, las mujeres encarceladas no son las únicas penalizadas y castigadas por el estado a través de las prisiones. También las mujeres familiares de las personas encarceladas son víctimas-sobrevivientes de la violencia penal, pues están generalmente a cargo del cuidado afectivo y material de los hombres en prisión (RIMUF, 2022). Esto incluye a parejas, madres, hermanas, hijas y otras mujeres del entorno inmediato de quien vive en la cárcel. Debido a los estereotipos y roles de género rígidos y las brechas económicas que persisten en tantas sociedades, las mujeres no dejan de cumplir sus tareas de trabajo doméstico y cuidado de la niñez cuando se hacen cargo de los trámites y costos que genera la prisionización de sus seres queridos.

De acuerdo con las estimaciones disponibles, alrededor del 85% de las personas que cubren los costos de las personas encarceladas son mujeres (Kaleidos, 2021). Estos costos incluyen alimentación, medicamentos, implementos de aseo, agua, acceso al economato, entre otros. Muchas veces las mujeres deben endeudarse, vender sus bienes o extender sus horas de trabajo para poder hacer tales pagos (CDH Guayaquil, 2023). Asimismo, debido a las lejanas “mega cárceles” a las que se traslada a las personas desde sus localidades –muchas veces sin motivaciones claras— visitar una persona encarcelada puede implicar costos de viaje y alojamiento. Se trata de un patrón de violencia económica de género no solo permitida, sino ejercida por el estado, ya que éste tiene la obligación legal de cubrir todas las necesidades de las personas encarceladas de las que es custodio. No debería ser necesario que las mujeres paguen para mantener viva a una persona en prisión. No obstante, hay evidencia de que los prisioneros del estado no tienen acceso a alimentación suficiente, condiciones aceptables de higiene, ni a servicios básicos de salud, todo lo cual debe ser suplido por sus seres queridos “afuera” (CDH Guayaquil, 2023; Tritton & Fleetwood, 2017).

Adicionalmente, las mujeres son frecuente blanco de extorsiones por parte de los grupos armados que controlan ilegalmente las cárceles, con complicidad probable de la policía y el personal de guardia. Ellas deben realizar pagos para tener “derecho” a ingresar insumos básicos para sus seres queridos o para que ellos puedan adquirir productos en el economato. Es una suerte de “impuesto” carcelario, ilegal pero real (Brown, 2021). En el contexto de las brutales masacres acaecidas desde 2021, también se las ha extorsionado, solicitándoles dinero a cambio de no hacer daño a sus seres queridos. Evidentemente, las mujeres temen denunciar esta violencia porque estarían poniendo en riesgo su vida al visibilizar la corrupción del personal penitenciario y las actividades de los grupos criminales poderosos.

Finalmente, también son las mujeres quienes cubren gran parte de las necesidades y pérdidas de los hombres excarcelados. Ellas los reciben, si logran sobrevivir, más violentos y afectados por la crueldad de la experiencia en prisión. Por ejemplo, la vivencia de una masacre es sin duda un evento traumático tanto para el sobreviviente como para las personas de su entorno. Estos impactos en la salud integral nunca son considerados ni atendidos debidamente por el estado.