Análisis multicriterio geo-espacial de medidas de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas ACC-AbE en Manabí, Ecuador

¿Cómo citar este estudio?

Ochoa-Tocachi, Eric; Galeas, Raúl; Ávila, Daniela; Ochoa-Tocachi, Diego; Ochoa-Tocachi, Boris F.; (2023). Análisis multicriterio geo-espacial de medidas de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas ACC-AbE en Manabí, Ecuador. ATUK Consultoría Estratégica, Programa EbA-LAC, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Portoviejo, Ecuador.

Enlace a Programa EbA-LAC:

Programa Escalando Medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en la América Latina rural: https://www.ebalac.com/es/

Resumen ejecutivo

El Programa “Escalando Medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en áreas rurales de América Latina” (EbA LAC: https://ebalac.com/es/) es financiado por la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), y es implementado (2021-2025) por la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ como líder del consorcio), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y la UICN, en estrecha coordinación con los ministerios de ambiente de Ecuador, Costa Rica y Guatemala (países de implementación). En Ecuador, la contraparte política del Programa es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

El Programa EbA-LAC contrató a ATUK Consultoría Estratégica para brindar servicios especializados de consultoría para: 1) caracterizar 10 medidas de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas (medidas ACC-AbE) relacionadas a cambios en las características biofísicas y técnicas de los sistemas productivos / ecosistemas naturales; 2) aplicar un análisis costo-beneficio y de modelación con la herramienta InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs, o Valoración integrada de servicios ecosistémicos y compensaciones) (https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest); y, 3) aportar a la priorización de las medidas ACC-AbE mediante un análisis multi-criterio que incluye dimensiones financieras, sociales y ecosistémicas e información geoespacial complementaria. Los sitios prioritarios son las áreas de escalamiento del Programa EbA-LAC en Manabí, Ecuador.

El estudio se dividió en cuatro componentes de trabajo: caracterización, modelación biofísica, modelación económica y análisis multicriterio. La caracterización permitió definir plenamente el alcance geográfico e identificar las características de los usos de suelo y de las medidas de ACC-AbE. La modelación biofísica correspondió a la aplicación de la herramienta InVEST (módulos de rendimiento hídrico estacional SWY, y tasa de producción de sedimentos SDR), mediante la comparación del desempeño de los usos de suelo actuales versus las medidas ACC-AbE y considerando las condiciones climáticas actuales y las condiciones climáticas futuras. La modelación económica correspondió al análisis del desempeño financiero de los usos de suelo actuales versus el de las medidas ACC-AbE y, posteriormente, la generación de indicadores de costo-beneficio de cada uno. Finalmente, se combinaron todos estos resultados mediante un análisis multicriterio geoespacial, el cual es el foco del presente producto, para generar mapas de impacto para cada indicador y beneficiario, y mapas de priorización de las medidas espacialmente.

Para esto, se utilizó un conjunto de modelaciones e indicadores para considerar las diferencias de desempeño en términos ecosistémicos, financieros y sociales. Esto incluyó comparar: 1) en términos ecosistémicos: diferencias en caudal base, escorrentía, recarga hídrica subterránea, erosión de suelo, transporte de sedimentos, conectividad ecosistémica; 2) en términos financieros: productividad, costo-beneficio; 3) en términos sociales: generación de empleo, diversificación de la producción de alimentos. Los resultados obtenidos muestran 5 niveles: muy baja, baja, moderada, alta y muy alta prioridad para la implementación de medidas ACC-AbE.

Los resultados muestran que las áreas de muy baja, baja y media prioridad son las más extensas abarcando en conjunto el 81,29 % de la extensión (114 247 ha). Las áreas de prioridad alta comprenden el 10,17 % (14 292 ha)) y las áreas de muy alta prioridad representan el 8,54 % (12 001 ha). Se observa que Chirijos y Honorato Vásquez tienen, en términos relativos, el mayor porcentaje su superficie con áreas de alta y muy alta prioridad (sumando 60,55 % y 55,04 %, respectivamente). Le siguen Quiroga y San Plácido con 37,56 % y 31,07 %, respectivamente, de su superficie categorizada como de alta y muy alta prioridad. Luego, Membrillal (17,60 %) y Junín (11,48 %) con menor extensión áreas de alta y muy alta prioridad. Y, finalmente, Chone (2,46 % de áreas de alta y muy alta prioridad), Bachilero (1,21 %) y Ángel Pedro Giler (apenas 0,79 % de áreas de alta y muy alta prioridad).

En términos relativos, la medida ACC-AbE más favorable es la de manejo forestal sostenible, donde el 86,01 % de su extensión se sitúa en zonas de alta y muy alta prioridad. Le sigue la Conservación ACU – APH (71,27 %). Las demás medidas están situadas en áreas de significativamente menor prioridad: los sistemas agroforestales (SAF de uso diversificado, 33,34 %); el manejo sostenible de la balsa (15,67 %); la producción sostenible de cacao (11,16 %); y la restauración con especies nativas, conservación de suelo y SAF mixtos (11,07 %), la producción sostenible de maíz (9,03 %), el manejo sostenible de caña guadúa/bambú (5,48 %), los sistemas silvopastoriles adaptados a sequía e inundaciones (4,37 %), y la producción sostenible de mandarina (0,25 %).

El análisis multicriterio permitió identificar las zonas en donde se esperan los impactos potenciales más importantes vinculados con los mapas de beneficiarios específicos, produciendo mapas de prioridad para cada indicador identificado. Adicionalmente, el gran valor de incorporar y combinar aspectos socioeconómicos con los resultados del modelamiento biofísico genera resultados robustos para la planificación e implementación de medidas AbE en territorio que no están limitadas o sesgadas solamente hacia el componente humano, el componente económico o el componente ambiental de forma separada.

Estos resultados constituyen una herramienta de planificación que podría ser utilizada para definir con mayor detalle las áreas donde se quiere o se debe implementar las medidas ACC-AbE. De esta manera, se pueden focalizar recursos y tener una intervención operativa en territorio. Es importante considerar que los resultados parten del uso de información secundaria y de la generación de modelos. Debido a esto, se espera que el Programa EbA-LAC inicie un proceso en campo que tome en cuenta realidades en términos ambientales y socioeconómicos para la validación de las medidas ACC-AbE en territorio. Esperamos que esta información sea útil para guiar el Plan de Implementación de Medidas ACC-AbE en campo y permita su éxito y la optimización de recursos.

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¿La violencia penal contra las mujeres “fuera” de las prisiones es violencia de género?

Silvana Tapia Tapia

Birmingham Law School, University of Birmingham

 

Sufrimiento dentro, fuera y alrededor de las cárceles

En el discurso jurídico dominante, el aparato penal y el castigo carcelario se consideran inherentes a la realización de la justicia. Sin embargo, múltiples formas de injusticia y violencia extrema se reproducen sistemáticamente dentro y alrededor de las instituciones penitenciarias (Tapia Tapia, 2022b). Paradójicamente, estas se ven reforzadas por el discurso contra la impunidad (Engle et al., 2016); con frecuencia, el aparato penal se legitima a través de mandatos para movilizar la coerción estatal en respuesta a violaciones de los derechos humanos (DDHH) (Lavrysen & Mavronicola, 2020; Tapia Tapia, 2022a). Considerando que muchos instrumentos, agendas y vocerías sobre DDHH se oponen a la violencia carcelaria, es importante investigar y evaluar las consecuencias amplias de acudir al sistema penal como un mecanismo central en la justicia de los DDHH.

            En este contexto, si bien la violencia carcelaria ha sido investigada por disciplinas como la criminología crítica y los estudios sociojurídicos, hay menos investigación jurídica que aborde el daño diferenciado infligido por el sistema carcelario a muchas mujeres no encarceladas, en particular las racializadas, marginadas y empobrecidas. Esto incluye a grupos como las mujeres que buscan protección frente a la violencia de género dentro del sistema penal (Tapia Tapia, 2021; Tapia Tapia & Bedford, 2021), las que sostienen a sus seres queridos encarcelados mediante trabajo remunerado y no remunerado, y las mujeres cuya lucha diaria por la supervivencia está sujeta a vigilancia y persecución, como las vendedoras ambulantes, las trabajadoras sexuales y las mujeres que laboran en la economía “informal” e ilegalizada (Fleetwood, 2014; Mujeres de frente, 2022). Los defensores de los DDHH que participan en campañas contra la impunidad deben, pues, tener en cuenta estos daños “indirectos” sufridos de forma específica y sistemática por las mujeres.

La violencia carcelaria como violencia de género

En Ecuador, muchas mujeres, especialmente las excluidas por factores como la pobreza, el racismo y los prejuicios de género, han sido históricamente privadas de los recursos necesarios para vivir con dignidad. En gran medida, el estado ha provocado la vigilancia y persecución de las mujeres más precarizadas, criminalizando y castigando sus esfuerzos de supervivencia, por ejemplo, cuando ingresan a la economía informal y se reprimen sus actividades de comercio autónomo en las calles (Mujeres de Frente, 2021), o cuando se ven obligadas a ingresar a la economía ilegalizada para sobrevivir y se las criminaliza (Aguirre Salas et al., 2020; Coba Mejía, 2015). Esta desposesión violenta ha sido sufrida más intensamente por las mujeres y las niñas indígenas, afrodescendientes y rurales, quienes con frecuencia son desplazadas de sus territorios de origen hacia entornos urbanos opresivos y hostiles.

 

La mayoría de las mujeres encarceladas en Ecuador lo están por delitos no violentos de pobreza y supervivencia, como los de menor cuantía contra la propiedad y los de microtráfico (Fleetwood, 2014; Torres Angarita, 2007). Cuando ellas son encerradas, no se toman en cuenta sus vínculos familiares y comunitarios. Generalmente son las mujeres quienes están a cargo, sin ayuda ni soporte estatal, de sus hijas e hijos, de las personas ancianas, de las personas viviendo con enfermedades y discapacidades, y otras que necesitan cuidados. Este trabajo suele ser impago y se suma a las horas laborales remuneradas, creando dobles y triples jornadas de trabajo (Tapia Tapia et al., 2023). Cuando las mujeres son encarceladas, también es frecuente que sus criaturas sean encerradas con ellas y que luego de cierta edad se produzca una abrupta separación. Adicionalmente, los procedimientos, o más bien, “laberintos” penales, no se compadecen con la situación económica precaria de muchas mujeres, por el contrario, se trata de procesos que persiguen selectivamente a las personas que no pueden costear asesoría legal, siendo las mujeres blanco fácil del aparato punitivo, mientras los grandes poderes criminales no son responsabilizados.

Evidentemente, las mujeres encarceladas no son las únicas penalizadas y castigadas por el estado a través de las prisiones. También las mujeres familiares de las personas encarceladas son víctimas-sobrevivientes de la violencia penal, pues están generalmente a cargo del cuidado afectivo y material de los hombres en prisión (RIMUF, 2022). Esto incluye a parejas, madres, hermanas, hijas y otras mujeres del entorno inmediato de quien vive en la cárcel. Debido a los estereotipos y roles de género rígidos y las brechas económicas que persisten en tantas sociedades, las mujeres no dejan de cumplir sus tareas de trabajo doméstico y cuidado de la niñez cuando se hacen cargo de los trámites y costos que genera la prisionización de sus seres queridos.

De acuerdo con las estimaciones disponibles, alrededor del 85% de las personas que cubren los costos de las personas encarceladas son mujeres (Kaleidos, 2021). Estos costos incluyen alimentación, medicamentos, implementos de aseo, agua, acceso al economato, entre otros. Muchas veces las mujeres deben endeudarse, vender sus bienes o extender sus horas de trabajo para poder hacer tales pagos (CDH Guayaquil, 2023). Asimismo, debido a las lejanas “mega cárceles” a las que se traslada a las personas desde sus localidades –muchas veces sin motivaciones claras— visitar una persona encarcelada puede implicar costos de viaje y alojamiento. Se trata de un patrón de violencia económica de género no solo permitida, sino ejercida por el estado, ya que éste tiene la obligación legal de cubrir todas las necesidades de las personas encarceladas de las que es custodio. No debería ser necesario que las mujeres paguen para mantener viva a una persona en prisión. No obstante, hay evidencia de que los prisioneros del estado no tienen acceso a alimentación suficiente, condiciones aceptables de higiene, ni a servicios básicos de salud, todo lo cual debe ser suplido por sus seres queridos “afuera” (CDH Guayaquil, 2023; Tritton & Fleetwood, 2017).

Adicionalmente, las mujeres son frecuente blanco de extorsiones por parte de los grupos armados que controlan ilegalmente las cárceles, con complicidad probable de la policía y el personal de guardia. Ellas deben realizar pagos para tener “derecho” a ingresar insumos básicos para sus seres queridos o para que ellos puedan adquirir productos en el economato. Es una suerte de “impuesto” carcelario, ilegal pero real (Brown, 2021). En el contexto de las brutales masacres acaecidas desde 2021, también se las ha extorsionado, solicitándoles dinero a cambio de no hacer daño a sus seres queridos. Evidentemente, las mujeres temen denunciar esta violencia porque estarían poniendo en riesgo su vida al visibilizar la corrupción del personal penitenciario y las actividades de los grupos criminales poderosos.

Finalmente, también son las mujeres quienes cubren gran parte de las necesidades y pérdidas de los hombres excarcelados. Ellas los reciben, si logran sobrevivir, más violentos y afectados por la crueldad de la experiencia en prisión. Por ejemplo, la vivencia de una masacre es sin duda un evento traumático tanto para el sobreviviente como para las personas de su entorno. Estos impactos en la salud integral nunca son considerados ni atendidos debidamente por el estado.

Conclusión

Los fenómenos descritos muestran que la violencia penal ejercida a través del sistema carcelario es una forma de violencia de género, con connotaciones económicas, políticas y sociales. Esta violencia afecta desproporcionadamente a las mujeres debido a sus roles de género, incluyendo su trabajo pago e impago, su trabajo afectivo y, en general, su lucha por el sostenimiento de la vida. Nos queda reflexionar más sobre el tratamiento abusivo perpetrado por agentes del estado contra las familias de las personas encarceladas a raíz de las recientes masacres carcelarias en Ecuador. Se ha documentado, por ejemplo, la inexistencia de mecanismos de acceso a la información sobre lo ocurrido durante las masacres, la utilización de las propias familias como fuentes de información, la espera, por horas y a la intemperie para conocer la situación luego de cada masacre, entre otras formas de tratos degradantes (CDH, 2023). Esta violencia penal de género marca una agenda urgente para la investigación social interdisciplinaria.

Referencias

Aguirre Salas, A., Léon, T., & Ribadeneira González, N. S. (2020). Sistema penitenciario y población penalizada durante la Revolución Ciudadana (2007-2017). URVIO – Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 27, 94–110. https://doi.org/10.17141/urvio.27.2020.4303

Brown, K. (2021, November 18). “We are all suffering”: What’s going on inside Ecuador’s prisons? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2021/11/18/we-are-all-suffering-whats-going-on-inside-ecuador-prisons

CDH. (2023, February 15). 2022 CDH Panorama de los Derechos Humanos. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. https://www.cdh.org.ec/informes/587-informe-cdh-2022.html

CDH Guayaquil. (2023, April 6). Sentencia del Tribunal Popular por Justicia en Cárceles. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. https://www.cdh.org.ec/ultimos-pronunciamientos/593-sentencia-del-tribunal-popular-por-justicia-en-carceles.html

Coba Mejía, L. (2015). Sitiadas: la criminalización de las pobres en Ecuador. Flacso Ecuador.

Engle, K., Miller, Z., & Davis, D. M. (Eds.). (2016). Anti-Impunity and the Human Rights Agenda. Cambridge University Press. https://www.amazon.com/Anti-Impunity-Human-Rights-Agenda-Karen/dp/1107439221

Fleetwood, J. (2014). Drug mules: women in the international cocaine trade. Palgrave Macmillan.

Kaleidos. (2021). Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador. UDLA. https://www.ethnodata.org/es-es/diagnostico-de-sistema-de-penitenciario-del-ecuador/

Lavrysen, L., & Mavronicola, N. (Eds.). (2020). Coercive Human Rights: Positive Duties to Mobilise the Criminal Law under the ECHR. Hart Publishing.

Mujeres de Frente. (2021). Comunidades de cooperación. In S. Federici, V. Gago, & C. Luci (Eds.), ¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de desobediencia financiera (pp. 103–116). Tinta Limón.

Mujeres de frente. (2022, November 24). Making A Living: Building New Worlds Against Punitivism and the State. Critical Resistance. https://criticalresistance.org/abolitionist/sneak-peek-issue-38-ecuador/

RIMUF. (2022). El impacto de la cárcel en las mujeres familiares y las afectaciones a sus derechos humanos. RIMUF. https://rimuf.org/2022/11/el-impacto-de-la-carcel-en-las-mujeres-familiares-y-las-afectaciones-a-sus-dd-hh/

Tapia Tapia, S. (2021). Beyond Carceral Expansion: Survivors’ Experiences of Using Specialised Courts for Violence Against Women in Ecuador. Social & Legal Studies, 30(6), 848–868. https://doi.org/10.1177/0964663920973747

Tapia Tapia, S. (2022a). Feminism, Violence Against Women and Law Reform: Decolonial Lessons from Ecuador. Routledge.

Tapia Tapia, S. (2022b, December 7). Extreme violence, prisons, and the prospects of anti-carceral human rights – Part 1. Birmingham Law School Research Blog. https://blog.bham.ac.uk/lawresearch/2022/12/extreme-violence-prisons-and-the-prospects-of-anti-carceral-human-rights-part-1/

Tapia Tapia, S., & Bedford, K. (2021). Specialised (in)security: violence against women, criminal courts, and the gendered presence of the state in Ecuador. Latin American Law Review, 7, 21–42. https://doi.org/10.29263/lar07.2021.02

Tapia Tapia, S., Fajardo Monroy, G., & Padrón Palacios, T. (2023). Reproducción social, género y academia durante la pandemia de Covid-19: Experiencias desde Ecuador. Sociedad y Economía, 48, e10411972. https://doi.org/10.25100/sye.v0i48.11972

Torres Angarita, A. I. (2007). Drogas y criminalidad femenina en Ecuador: el amor como un factor explicativo en la experiencia de las mulas (M. Prieto Noguera (Ed.)) [Master in Social Sciences, FLACSO sede Ecuador]. http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/1317

Tritton, P., & Fleetwood, J. (2017). An insider’s view of prison reform in Ecuador. Prison Service Journal, 40. https://research.gold.ac.uk/20771/1/PSJ%20229%20January%202017.pdf

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Declaración de Compromiso con la Sostenibilidad por parte de ATUK

Declaración de Compromiso con la Sostenibilidad por parte de ATUK Consultoría Estratégica

En ATUK Consultoría Estratégica proveemos soluciones innovadoras a problemas ambientales y sociales usando y generando evidencia científica. Por tanto, estamos comprometidas y comprometidos de manera firme con la promoción y aplicación de prácticas sostenibles. Reconocemos la importancia de abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos a los que se enfrenta nuestro planeta, y nos comprometemos a contribuir de manera significativa a la sostenibilidad en línea con los aspectos identificados en el Marco de Adquisiciones Sostenibles de las Naciones Unidas. A través de esta declaración formal, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y nuestra dedicación para liderar el cambio hacia un futuro más sostenible.

 

Ambiental:

  1. Implementaremos medidas para prevenir y reducir la contaminación en todas nuestras operaciones y proyectos. A través de nuestras soluciones innovadoras, trabajaremos para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y promover prácticas que fomenten la protección y restauración de los ecosistemas.
  2. Promoveremos el uso responsable y sostenible de los recursos naturales en todas nuestras actividades. Utilizaremos la evidencia científica para desarrollar soluciones que optimicen la eficiencia en el consumo de recursos, favoreciendo la conservación y el uso adecuado de los mismos.
  3. Nos comprometemos a abordar el cambio climático y a tomar medidas concretas para mitigar sus efectos. A través de nuestras soluciones innovadoras, trabajaremos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoveremos la adaptación al cambio climático en comunidades y organizaciones.
  4. Priorizaremos la protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad en todas nuestras soluciones y proyectos. Nos esforzaremos por promover prácticas que respeten la integridad de los ecosistemas y fomenten la preservación de la diversidad biológica.

Social:

  1. Respetaremos y promoveremos los derechos humanos en todas nuestras operaciones y relaciones comerciales. Nos comprometemos a garantizar condiciones laborales justas, seguras y dignas para nuestros empleados y colaboradores, y a luchar contra cualquier forma de trabajo forzado o infantil.
  2. Promoveremos la igualdad de género en nuestro entorno laboral y en nuestras soluciones. Fomentaremos la diversidad y la inclusión, asegurando igualdad de oportunidades y empoderando a mujeres y hombres por igual en todas las áreas de nuestra organización y en los proyectos que desarrollamos.
  3. Promoveremos el consumo sostenible y responsable, educando a nuestros clientes y colaboradores sobre la importancia de sus elecciones de consumo. Nos esforzaremos por ofrecer soluciones que promuevan la salud y el bienestar social, contribuyendo así al desarrollo sostenible de las comunidades.

Económico:

  1. Consideraremos el impacto económico y ambiental a lo largo del ciclo de vida completo de nuestras soluciones y proyectos. Utilizaremos análisis de ciclo de vida para evaluar y minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios sostenibles.
  2. Trabajaremos en estrecha colaboración con las comunidades locales y promoveremos el desarrollo económico y social sostenible en ellas. Apoyaremos y colaboraremos con pequeñas y medianas empresas, fomentando su crecimiento y fortaleciendo los lazos comerciales sostenibles.
  3. Nos comprometemos a asegurar que nuestra cadena de suministro cumpla con los estándares de sostenibilidad establecidos. Trabajaremos con nuestros proveedores para promover prácticas éticas, sostenibles y responsables, asegurando la trazabilidad y minimizando los impactos ambientales y sociales.

Al adoptar este compromiso, ATUK Consultoría Estratégica se posiciona como líder en la promoción de prácticas sostenibles basadas en evidencia científica. Trabajaremos en conjunto con nuestro equipo, clientes, proveedores y otras partes interesadas para lograr un futuro más próspero y equilibrado. Estamos convencidos de que, a través de nuestras soluciones innovadoras y nuestro enfoque sostenible, podemos marcar una diferencia positiva en el mundo y contribuir al bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Atentamente,

Dr. Boris F. Ochoa-Tocachi, Ing., MSc, PhD, DIC

CEO – Gerente General

ATUK Consultoría Estratégica

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